El periódico español El País lleva un tiempo exhibiendo “periodismo de investigación” de la mano de sus periodistas José María Irujo y Joaquín Gil.

Esta línea de investigación versa sobre BPA y procura de forma inequívoca desacreditar la operativa que hacía dicha entidad financiera, en una clara intención de justificar tanto la preocupación de primer orden que causó al todopoderoso Tesoro Americano, como la posterior intervención del Govern dels millors y la serie de causas judiciales abiertas en su contra en Andorra.

Dichos artículos se basan todos en la información que dichos periodistas han obtenido sobre el sumario de la causa judicial 8000081/2015. Al menos parece que tienen en su poder  las actas completas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales sin que dicha filtración haya sido objeto de investigación (al menos que se sepa) por parte de la fiscalía andorrana.

Cabe destacar que la integridad (el respeto a un proceso correcto de su manipulación desde su extracción del banco hasta su depósito final en sede judicial) de dichas actas fue puesta en tela de juicio en las primeras sesiones de cuestiones previas del juicio de ésta causa, por los 14 abogados defensores de los 25 procesados, hasta el punto de que la insistencia de uno de los abogados defensores sobre el tema provocó el enfado del Presidente del Tribunal, que llegó a amenazarle con una querella en su contra si seguía insistiendo, y finalmente se probase que la integridad de la prueba (las actas) era correcta.

Y digo actas completas porque el citado periódico, que dicho sea de paso está pasando por horas bajas tanto en ser la referencia periodística que fue en España, como en su subsistencia financiera, se está prestando de una forma un tanto descarada a hacer el juego a las autoridades andorranas en su empeño por hacer aparecer públicamente a BPA como una entidad financiera merecedora de su desaparición y de su manipulada intervención mediante un proceso un tanto “hecho a medida”.

A saber de dónde habrán sacado los citados periodistas las actas de la causa 8000081/2015. Seguramente los procesados o sus abogados defensores no se las habrán facilitado.

Pues bien, dichos periodistas no tienen más que ir leyéndolas para después reproducirlas mediante fotocopias que ilustran sus “artículos de investigación” revelando nombres, cuentas y relaciones entre cliente y entidad bancaria que nunca deberían haber sido públicas, y menos en un país en el que existía el secreto bancario.

Lógicamente, aparte del perjuicio pretendido contra BPA, también se produce una acusación pública contra clientes (no sé si pretendida o no), lo que deja en un lugar bastante feo a las instituciones, empresas, consultores, etc. que han trabajado en el proceso desde que BPA fue intervenido, pues a pesar de haber firmado documentos de confidencialidad y de estar obligados a no revelar secretos profesionales ni documentos judiciales, las citadas actas han llegado a manos de los periodistas sin que haya extrañado a ninguna autoridad andorrana, y sin que haya provocado ninguna queja oficial, ni se haya iniciado en Andorra alguna investigación sobre la filtración. Tema distinto es cuando se filtra a la prensa alguna cosa que afecta a instancias del poder (por ejemplo un correo del fiscal general de Andorra). Entonces, curiosamente, el partido en el poder, DA, pide amparo al Síndic ante un flagrante delito de revelación de secreto. Exactamente el mismo trato para unos que para otros (sic). En eso se basa la democracia.

¿Hasta dónde puede llegar el asunto?. No se sabe.

El día 16-2-18 El País publicó un asunto relacionado con una cuenta que había tenido en BPA el actual subsecretario general de Presidencia de Argentina. Como cada vez que dichos dos periodistas sacan una noticia de BPA, en ésta ocasión también la ilustraron con copias de las actas de las reuniones secretas del Comité de Prevención de Blanqueo de BPA.

En ésta ocasión, el periódico no lo pone, pero el acta en cuestión es de Enero de 2015, una fecha totalmente fuera de contexto en las investigaciones contenidas en todas las causas (que tratan asuntos bastante anteriores en el tiempo) que se han abierto contra BPA.

Este artículo (y sus secuelas, pues los periodistas del periódico han hecho actualizaciones del mismo) ha levantado ampollas en Argentina.

Ha forzado a que el mismo presidente argentino haya tenido que dar públicamente explicaciones en rueda de prensa. Supongo que no habrá sido precisamente plato de gusto.

En éste mismo artículo periodístico “de investigación” se denuncia que BPA rechazó la apertura de una cuenta a dos ex políticos argentinos por no tener clara la procedencia de los fondos (sospecha no probada de comisiones ilícitas). ¿En éste caso el delito es hacer lo correcto?

También (cómo no!) se ha ilustrado la noticia con una fotocopia de la propuesta de apertura de cuenta con datos, nombres, etc… que demuestra la posesión de demasiada información del sumario, y que habrá hecho poca ilusión a la nación argentina en su conjunto. Supongo que nadie considerará ni a Andorra ni a España como válidos para dar lecciones de buen proceder a Argentina, pues sus políticos actúan mediante estrategias inconfesables (vg: policía patriótica, operación Cataluña, etc…) para conseguir sus objetivos políticos.

Está claro que la consigna dada a El País o a sus periodistas al darles el sumario fue la de culpabilizar a BPA públicamente para justificar posteriormente sentencias judiciales difíciles de entender o aceptar. Las consecuencias o daños colaterales son inevitables y deben aceptarse como mal menor para conseguir el objetivo.

Las relaciones entre Andorra y Argentina habrán mejorado sin duda (sic) a consecuencia de éste episodio. Supongo que aquí a nadie le importa. Total, de lo que se trata es de desacreditar al máximo a BPA. Y si ello provoca daños colaterales, pues mala suerte.

No bastaba con hacer venir personalmente a BPA en Andorra a más de 1.000 clientes argentinos de BPA para que firmaran un documento para pasar a Vall Banc, con el consiguiente dispendio de tiempo y dinero, lo que causó un notable deterioro en el concepto que de Andorra se tenía en Argentina, sino que ahora se trae a colación un asunto particular que nada tiene que ver con las causas de BPA en Andorra, pero que ha puesto en el candelero allí a nuestro pequeño país, y no precisamente para bien.

Por la distancia podría parecer que entre Andorra y Argentina no hay relación, pero no es así pues cada año un número importante de trabajadores del mundo del esquí se desplazan desde Argentina hasta Andorra para trabajar en la temporada hibernal.

Podría decirse que a quien ha filtrado las actas del comité de prevención de blanqueo de capitales de BPA a los periodistas de El País, en éste desafortunado caso y respecto de la relación Andorra-Argentina, le ha salido el tiro por la culata.