Per El mosquit contra l'ELEFANT
El Govern de Antoni Martí acordó la intervención de la BPA sin tener la experiencia ni el asesoramiento adecuado para gestionar la situación. Han pasado 18 meses desde la rueda de prensa del cap de Govern y los clientes de BPA en su gran mayoría continúan en un limbo que perjudica gravemente los intereses de la plaza financiera andorrana.
El Institut Andorrà de Finances (INAF) ha autorizado a operar a la nueva entidad bancaria (VallBanc) que debía ser un referente en transparencia y buenas prácticas bancarias, y a fecha de hoy, sus clientes todavía no pueden operar con normalidad. Está claro que el comprador, el fondo buitre JC Flowers, no es parte de la solución, más bien es un nuevo problema para el ejecutivo andorrano.
Los máximos dirigentes de JC Flowers se entrevistaron con Antoni Martí el pasado 5 de septiembre, y es de suponer que uno de los objetivos de la reunión fuera conocer las fechas previstas para reestablecer el servicio del banco a sus clientes.
Desconocemos si el AREB, el INAF o el Govern tuvieron la previsión de tener contractualmente establecido un Plan B para el caso que el nuevo comprador no alcanzase en un plazo determinado los requisitos mínimos que toda entidad del sistema financiero debe cumplir para garantizar los intereses de sus clientes, la normativa vigente y la reputación del sistema bancario.
No hablamos de publicar información financiera sobre balances y ratios de solvencia de la nueva entidad, hablamos simplemente de operar y dar acceso a los clientes del banco a sus depósitos. Hablamos de saber si los resguardos que facilita el banco a sus clientes reflejan la realidad o no. Por ejemplo, si el banco no puede operar en renta variable es de suponer que todas las posiciones de clientes en renta variable estarán todavía bajo custodia y titularidad de BPA en los bancos internacionales donde estaban al inicio de la crisis. Seguramente todas las posiciones de valores que facilita VallBanc a sus clientes son falsas. VallBanc difícilmente puede ser custodio de la renta variable y en cambio está informando a sus clientes como si tuviera en custodia o depósito unas acciones que no puede vender porque en realidad no tiene y que continúan bajo la titularidad de BPA.
Nadie tiene la certeza que antes de final de año los clientes de VallBanc sujetos de intercambio de información con países de nuestro entorno puedan disponer libremente de sus depósitos. Así mismo, muchos clientes continúan retenidos en BPA, una sociedad anónima de propiedad pública, sin licencia bancaria para operar como entidad de crédito pero con licencia ‘pública para secuestrar’ los fondos de los clientes sin denuncia previa a la UIFAND ni decisión judicial que ampare dicho ‘secuestro’ o bloqueo. La única razón para justificar el bloqueo es una auditoria de PwC sin concluir y de la que previsiblemente nunca veremos una versión final firmada.
Pues miren, paradójicamente los clientes ‘secuestrados’ en BPA evitaran el intercambio automático por el simple hecho que BPA no es una entidad bancaria sujeta a los acuerdos internacionales ratificados los últimos años.
Está claro que los intereses públicos están por encima de los intereses particulares pero en ningún caso la autoridad pública puede indiscriminadamente saltarse la legalidad siendo conocedores de los graves perjuicios que provoca a personas concretas y de paso ir socavando día a día la seguridad jurídica y los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos.
Confiamos que el Govern de Antoni Martí tenga una clara hoja de ruta para el sector financiero andorrano y un Plan B para los clientes de VallBanc y BPA. En caso contrario, el buitre con la tripa llena alzará el vuelo, nos dirá adiós más pronto que tarde y nadie querrá ser responsable de un expolio anunciado y consentido.
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