El ex consejero delegado de Banco Madrid y BPA es el único alto ejecutivo bancario recluido en virtud de su gestión en España. La reclusión, sin embargo, parece la menos justificada de la crisis financiera. El mayor pecado probado hasta la fecha es su condición de ciudadano andorrano
Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, pasó unas noches en la prisión de Soto del Real en junio de 2013. Antes, en diciembre de 1994, Mario Conde, condenado por sus andanzas en Banesto, también conoció el color de los barrotes de una prisión. En ambos casos, pasaron del banco al banquillo. Son las dos historias más populares de financieros a los que la justicia decidió privar de libertad. Pero ni son la única, ni la más sorprendente. El 16 de marzo pasado, una juez andorrana decretaba la prisión preventiva para Joan Pau Miquel Prats, quien había sido el primer ejecutivo de Banca Privada d’Andorra (BPA) y consejero delegado de su filial española, Banco Madrid, hasta unos días antes. Allí permanece el alto directivo bancario desde entonces. Está a punto de cumplir seis meses de cárcel en el Principado.
Otros banqueros han sido condenados por la justicia española. Por ejemplo, el que fuera director de Caixa Penedès, Ricard Pagés, que junto a su equipo reconocieron haberse asignado unas millonarias pensiones. Admitida la tropelía, devolvieron el dinero en el juzgado y se fueron a sus casas.
Diferencias judiciales entre países
El que fuera presidente de la Generalitat valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, también fue detenido. Dos días después, la Audiencia Nacional le dejó marchar en libertad tras el pago de una sustanciosa fianza de 500.000 euros.
Pese a los intentos del país vecino por sacarse de encima las etiquetas de paraíso fiscal y poseer un régimen político inmaduro en términos democráticos (en especial sobre la separación de poderes), el diferente trato que dispensa la justicia en España y en Andorra parece la única justificación de que Miquel siga todavía entre rejas, según todas las fuentes consultadas.
Del banco a la prisión
La juez Canòlic Mignorance Cairat dictó un auto de imputación en virtud de los artículos 409 y 410 del Código Penal del Principiado en marzo. El procesamiento del hombre de confianza de la familia Cierco se sostenía en un supuesto delito mayor de blanqueo de capitales, que conlleva unas penas de entre tres y ocho años de prisión.
Residente en Andorra, el alto directivo de BPA y de Banco Madrid no pasó del banco al banquillo, sino del despacho a la prisión. La razón que esgrimió la juez en el auto por el que ordenaba el encarcelamiento preventivo era la alarma social que había generado la intervención del banco de la familia Cierco por parte del gobierno del país y el riesgo de destrucción de pruebas.
De nada sirvieron los argumentos del letrado Jesús Jiménez, quien intentó refutar la posición de la magistrada en defensa de su cliente Miquel. La juez incluso añadió otra motivación en su respuesta negativa: el riesgo de fuga.
Las compensaciones con la mafia china
El banquero andorrano es el principal imputado hasta la fecha por la justicia de su país. Otros gestores de BPA también figuran en el sumario, pero ninguno de ellos ha sido encarcelado. El trato dispensado por la justicia del país a los procesados ha provocado incluso situaciones de virtual bancarrota en sus familias.
Todos los indicios de culpabilidad obedecen a unas declaraciones realizadas por el abogado español Rafael Pallardó, que trabajaba para la mafia china y su supuesto capo Gao Ping, ante la fiscalía anticorrupción. Miquel habría dado presunta cobertura a través del banco a las operaciones de blanqueo de ese entorno empresarial, de acuerdo con el relato de Pallardó. En argot bancario, las operaciones se conocen como compensaciones y eran legales en Andorra en la que fecha en la que se produjeron.
Sorpresa en Andorra
La inconsistencia de la acusación mantiene al entorno de Miquel y a una parte de la ciudadanía andorrana sorprendida. “Quieren ser ejemplarizantes y están dando un espectáculo con sus actuaciones sobre la banca andorrana, además de procurar un trato inhumano a una persona que era un directivo con un alto nivel de reconocimiento internacional y al que de lo máximo que podrán acusar es de operaciones que no eran delictivas en Andorra”, señala un político de la oposición al responder por la actitud del Gobierno del Principado que preside el discutido Antoni Martí y sobre la justicia local.
Andorra tiene al 77% de su población reclusa encarcelada en condición preventiva. El país pirenaico es el quinto del mundo que más utiliza esta versión de la privación de libertad. Se da la paradoja de que los estados que más presos preventivos acumulan son los menos desarrollados.
Nº País % Nº País %
1 Paraguay 92,7 14 Uganda 65,7
2 Haití 83,5 15 Madagascar 65,4
3 R. Dominicana 79,8 16 Benín 64,5
4 Honduras 78,5 17 Nigeria 63
5 Andorra 77 18 Libia 62,6
6 Mozambique 72,9 19 Bangladesh 60,3
7 Uruguay 72,5 20 Nepal 59,8
8 India 70,4 21 Burundi 59,4
9 Ecuador 69,9 22 Angola 58,9
10 Perú 69,8 23 Santo Tomé y Príncipe 58,5
11 Mali 67,2 24 Burkina Faso 58,3
12 Pakistán 66,1 25 Guatemala 58
13 Arabia Saudita 65,8
Fuente: World Prison Brief Online
El 16 de julio pasado, la justicia andorrana levantó de forma parcial el secreto de sumario que decretó al inicio de las actuaciones contra Miquel. Antes, la magistrada Anna Estragués Armengol había resuelto en contra de un recurso de la defensa del banquero contra la privación de libertad. La juez del Tribunal de Corts (equivalente a la Audiencia Nacional en España) será la encargada de resolver cualquier otro recurso sobre el caso durante la fase de instrucción.
Hasta casi tres años de prisión preventiva
El artículo 108 del código de procedimiento penal en Andorra permite que un procesado permanezca hasta 20 meses en prisión preventiva. Una vez se asigna el tribunal que juzgará el caso, esta instancia puede prolongar esa condición otros 12 meses. En el peor de los supuestos, Miquel puede pasarse hasta casi tres años en la cárcel de la Comella antes de determinarse si es culpable o inocente de los cargos que se le imputan, y que según su defensa no cometió.
Se da la circunstancia paradójica de que la justicia española no ha abierto ningún proceso contra el banquero que pilotaba Banco Madrid, entidad que los propios administradores concursales han reconocido que estaba saneada y que comunicaba a las autoridades del Banco de España y del Sepblac con todo lujo de detalles cualquier operación que pudiera resultar sospechosa de rebasar los límites legales en materia de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas.
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