¿Somos todos iguales ante la Ley?

A unos días de cumplirse los dos años del INFAME 10 de marzo de 2.015, podemos afirmar que, por fin, se empiezan a despejar muchas de las "incógnitas" que desde los primeros días he venido señalando. 

Que lo de BPA ha sido una cortina de humo para tapar las vergüenzas de otra entidad bancaria, se ha dicho y comentado desde el día uno. Así podemos "leer" cómo a los accionistas mayoritarios de BPA les presionó la policía política española, mientras a la otra entidad tan solo les presionaron los Pujol. (¡Vaya diferencia!).

También nos hemos podido enterar que los Pujol no pidieron a BPA, sino a la otra entidad bancaria andorrana, que destruyeran pruebas. ¿Por qué no se lo pidieron a BPA? Con toda seguridad porque en BPA no había ninguna ancestral prueba que destruir. 

También podemos observar que los intereses entre los inversores significativos del panfleto y los del Govern dels millors, hace días que han empezado a divergir. Y ésta discordancia provocará que el mismo panfleto, un día u otro, deje de apoyar al Govern dels millors. (Al tiempo).

Al mismo tiempo hemos podido comprobar que lo que dice nuestra Constitució, concretamente en su Artículo 1, Párrafo 3: "La sobirania resideix en el poble andorrà, que l'exerceix per mitjà de les diferents classes de participació i de les institucions que estableix aquesta Constitució", es una solemne y absoluta patraña puesto que hay instituciones andorranas que se han negado reiteradamente a entregar las documentaciones requeridas por distintos Consellers de la oposición, en teoría los legales representantes del pueblo soberano.

Estamos asistiendo a su vez a la total descomposición de DA, de su grupo político y de su Govern dels millors. Su "maquiavélico" castillo de naipes, en el que se basó el acoso y derribo a BPA, se resquebraja en progresión geométrica. Apenas queda nadie del Govern dels millors que quiera ya salir en la foto. Los Consellers tampoco se pronuncian y solo les queda sacar a sus fanáticos "cachorros", capaces de aceptar y acatar, como ellos, su cada vez más distorsionada visión de la realidad.

A los escándalos de algún Conseller y de alguno de sus ministros, al menos dos de ellos han tenido la decencia de dimitir, ahora aparecen unos pagos que contaminan directamente a nuestro Cap del Govern dels millors. Que ANTONI MARTÍ PETIT, en teoría un PEP, aunque solo lo fuera a tiempo parcial, tenía cuenta en BPA es evidente a la vista del informe de PwC. Si los cobros están vinculados a una sociedad, en principio contaminada por los accionistas mayoritarios de BPA, y la sociedad CALAM ha sido declarada sitemáticamente como no traspasable a Vallbanc por haber estado vinculada con los afectados, o haber mantenido cuentas conjuntas, o haber recibido pagos o cobros de las mismas, alguien puede afirmar si ése dinero sigue bloqueado, o se ha desbloqueado, y si así ha sido, el pueblo soberano tiene todo el derecho de saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. 

Por respeto a todos los clientes de BPA que han sufrido el proceso KYC de PWC y el doloroso calvario de meses con la angustia de ver sus ahorros retenidos en un limbo jurídico presidido por la arbitrariedad y la falta de respeto a la propiedad privada, el Cap de Govern dels millors debería explicar:

 - 1) Si su cuenta, indicando movimientos y saldo de la misma, en BPA fue o no declarada traspasable.

 - 2) Cuántas veces aportó a BPA y a PWC información sobre el origen de dicho dinero.

 - 3) En qué migración fue declarado apto para migrar a Vallbanc.

 - 4) ¿Le fue necesario recurrir a algún tipo de ayuda externa para lograr la catalogación, o no, como cliente apto?.


Muchos clientes de BPA se han visto obligados a contratar abogados e iniciar lentísimos procesos legales para intentar lograr conseguir ser clientes aptos. ¿ANTONI MARTÍ PETIT es diferente?

 

 

 

 

 

Intenten ser felices.

 

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