Las instituciones de Andorra hacen el rídiculo

Desde el principio del principio del mal llamado caso BPA, y atendiendo la propia "notice" del FinCEN en la que se dice, y cito textualmente: "Director Calvery praised the contributions of the Andorran authorities in this investigation and appreciates their commitment to investigating this activity fully", fin de la cita, hemos mantenido que tuvo que haber "comunicaciones" entre las "instituciones" andorranas y el mismo FinCEN antes del INFAME 10 de marzo de 2.015.

Que hubo comunicaciones entre las instituciones de Andorra y el FinCEN no queda ninguna duda ya que el propio director de UIFAND así lo reconoce tácitamente cuando el 26/10/2.016 se niega a transmitir dicha documentación a los Consellers elegidos por el pueblo soberano en su comparecencia en la llamada "Comisión BPA", amparándose en "cuestiones confidenciales". 

El propio INAF también respondió a la "Comisión BPA" que no podía darles información alegando que la propia Ley del INAF, en su artículo 19, "sotmet els òrgans de govern de l’INAF i el seu personal al deure del secret, que implica que les informacions confidencials que aquestes persones rebin en l’exercici de les seves funcions no poden ser divulgades a terceres persones ni a autoritats". 

Han sido necesarios 811 días para que por fin un estudio pedido por el Sindic General cuestione el uso del "secreto" para denegar documentos al Consell General. El informe "adverteix les entitats de control del sistema financer andorrà. –o sigui, l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i l’Agència Estatal de Reestructuració d’Entitats Bancàries (AREB)– que estan plenament sotmeses al deure de “col·laboració lleial” amb el Consell General i que “no tenen un règim de confidencialitat general”. És més, la negativa dels màxims responsables d’aquestes entitats a comunicar una informació als consellers generals emparant-se en el règim de confidencialitat, en alguns casos, “pot constituir una vulneració del dret del parlamentari a l’exercici del seu càrrec i, en conseqüència, donar lloc a un recurs jurisdiccional contra la decisió de l’administració i, si escau, a la intervenció en empara del Tribunal Constitucional.

Abocar a todos los afectados en el mal llamado "Caso BPA" a la "indefensión total", al no entregar la información requerida por los legítimos representantes del pueblo soberano, y que ésa "indefensión total" provenga de las propias "instituciones" andorranas, en teoría las que tendrían que salvaguardar los intereses de todos, sobrepasa todos los límites habidos y por haber. No aportar dicha información no hace sino confirmar que la Directora Calvery no actuó contra BPA porque aquel maldito día se levantó y decidió redactar la notice, sino que lo hizo porque alguien la informó, la mal informó o la desinformó sobre lo que en realidad pasaba en BPA.

¿De verdad que es necesario seguir "gastando dinero público" para que alguien les diga en un informe lo que todos ustedes ya tendrían que saber por simple "sentido común"? ¿Van a seguir consintiendo que muchos de sus ciudadanos sigan en la "indefensión total" a la que todos ustedes los han abocado? ¿Hasta cuándo van a permitir ésta injusticia? 

Por si todavía no se han enterado, pueden pedir otro informe a quién consideren oportuno, lo malo para todos ustedes es que cuando el FinCEN saque a la luz los 384 documentos que el propio FinCEN reconoce tener en su poder, el ridículo mundial que van a hacer ustedes va a ser "estratosférico". 

 

 

 

 

 

 

Intenten ser felices. 

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