Los clientes de Vall Banc, el heredero de la extinta Banca Privada d’Andorra (BPA), con residencia fiscal en España o en cualquier otra jurisdicción que no sea la andorrana tendrán que delatarse ante su fisco de origen si quieren recuperar su dinero en efectivo a partir del 1 de enero del próximo año. Una nota interna notificada recientemente y relativa a los mecanismos para combatir el blanqueo de capitales establece que a partir del primer día del 2017 los clientes no regularizados no podrán retirar dinero en efectivo. Sólo podrán disponer de sus depósitos a partir de instrumentos financieros (transferencia, cheque…) que dejan rastro. Cómo hacen otras entidades del país, Vall Banc limita para el resto de clientes las retiradas de efectivo a 250.000 euros anuales. Aunque el 2018 está previsto que entre en vigor el intercambio automático de información fiscal con efectos desde el 1 de enero del año anterior, la medida adoptada por Vall Banc con la connivencia de los órganos administrativos del Principado parece encaminada a dificultar cualquier retirada de depósitos y de esta forma retener el dinero de clientes extranjeros que se encontraron en medio de la crisis de BPA.
Estas limitaciones las establece el conjunto de la plaza financiera andorrana. El tope de los 250.000 euros figura en las normativas que está aplicando Andorra debido a sus compromisos internacionales y a partir de lo fijado en un comunicado técnico de obligado cumplimento promovido desde principios de año por la UIFAND, la unidad encargada de la lucha contra el blanqueo de capitales. Pero en ningún lugar se especifican diferencias entre los clientes regularizados en sus jurisdicciones fiscales y los que no lo están. Cierto es que el intercambio automático de datos fiscales que el Principado se ha comprometido en aplicar a partir del 2018 con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2017 facilitará la misma información. El hecho de establecer que los no regularizados no podrán acceder a efectivo parece una medida encaminada a dificultar la salida de capitales debido a las ingentes cantidades de dinero que están marchándose del heredero de BPA a medida que el ‘corralito’ impuesto a los clientes traspasados desde la banca intervenida está quedando sin efecto.
Comunicado
En la nota interna emitida recientemente, la dirección general de Vall Banc mantiene que “la entidad considera necesario establecer medidas de debida diligencia reforzada alrededor de esta tipología de operaciones -operaciones con sustanciales sumas en efectivo- con objeto de minimizar el riesgo que las mismas puedan suponer para la entidad”. Por todo ello se adoptan dos decisiones fundamentales y que tienen como punto diferenciador aquellos clientes que están debidamente regularizados fiscalmente en las jurisdicciones de las cuales proceden y los que no.
“La dirección general de la entidad establece que a partir de la fecha de comunicación de la presente normativa se limitan las operaciones de clientes en efectivo a un importe máximo de 250.000 euros anuales.” En el caso del 2016, el ejercicio, es decir, los 250.000 euros se habrán podido retirar no en 12 meses si no en menos. “El periodo anual anteriormente referido se considerará desde el 11 de mayo de 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016.” Si el umbral establecido se supera, las solicitudes que supongan ir más allá de los 250.000 euros tendrán que ser “canalizadas y ejecutadas mediante operaciones de transferencia bancaria, cheque bancario nominativo o instrumento financiero similar, a fin de que las mismas puedan ser objeto de una adecuada y rigurosa trazabilidad por parte de la entidad”.
A partir del 1 de enero del 2017 la situación cambia y es cuando entra en juego la diferenciación entre el cliente regularizado y el que no lo es. Así, la nota interna recuerda que a partir del primer día del ejercicio próximo “se tiene que mantener el límite máximo de 250.000 euros anuales únicamente para aquellos clientes de la entidad que hayan demostrado fehacientemente -mediante la documentación acreditativa a tal efecto- que cumplen sus obligaciones fiscales en la jurisdicción que los sea de aplicación”.
Otra cosa, ha quedado dicho ya, son aquellos clientes “que no hayan demostrado fehacientemente -mediante la documentación acreditativa a tal efecto- que cumplen sus obligaciones fiscales en la jurisdicción que los sea aplicable”. En este caso, “las operaciones en efectivo no serán permitidas, teniendo que instrumentalizarse las operaciones de estos clientes mediante transferencia bancaria, cheque bancario nominativo o instrumento financiero similar, a fin de que las mismas puedan ser objeto de una adecuada y rigurosa trazabilidad por parte de la entidad”. Así, pues, los no regularizados, ellos mismos, si quieren sacar los depósitos que tengan en Valle Banco, se tendrán que delatar. O, en el caso contrario, no podrán mover el dinero.
Pase de clientes
Y las limitaciones anunciadas no parece que sean las últimas medidas encaminadas a mantener casi de una forma antinatural el banco heredero de BPA. En funcionamiento desde mayo a partir de los clientes supuestamente buenos de la banca intervenida desde marzo del 2015, Vall Banc ha visto como sus depositantes, a medida que han podido, han ido retirando sus depósitos. No todos pero sí en gran parte. Este mes de octubre se llega al último de los seis plazos en los cuales fueron divididas todas las cuentas que pasaron de BPA. En la antigua banca aún quedan retenidos un millar de clientes la mayoría de los cuales, ya se sabe ahora, no tienen relación alguna con prácticas ilícitas. Aún así, la Agencia estatal de resolución de entidades bancarias (AREB) andorrana mantiene el bloqueo absoluto sobre aquellos clientes, que desde mayo no han podido recuperar ni un solo euro.
Vista la reducción de líquido sufrida por Vall Banc no se puede descartar que el pase de clientes desde BPA que hace meses que se espera -se dijo que sería para junio, después para julio, más tarde se habló de septiembre y posteriormente ya de septiembre o octubre- se haga coincidir con el vencimiento del ‘corralito’ que ‘de facto’ se estableció sobre los primeros clientes del nuevo banco procedentes de la extinta BPA. Pero aún a fecha de hoy nada se sabe de cierto.
Los gestores que aún quedan en BPA ya no saben qué decir a los clientes -que han tenido que aportar dos y tres veces la misma documentación para demostrar la licitud de sus capitales- cuando se les pregunta. Los de Vall Banc, evidentemente, recuerdan que el traspaso no va con ellos. La AREB, que es el organismo que formalmente tiene que tomar la decisión, silba y mira para otro lado. Mientras, los responsables de PricewaterhouseCoopers encargados de hacer los análisis de cuentas y clientes recuerdan que ya han hecho la inmensa mayoría de su trabajo y que, según su parecer y criterio, ya han comunicado sus decisiones. La última palabra la tiene la AREB. Y se hace la loca consciente que si abre el grifo del todo JC Flowers tardará poco en quedarse sin euros en su última adquisición: el artificial Vall Banc.
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